
Poco a poco, mediante transferencias desde las cuentas del anciano y durante diez meses, la directora realizaba transferencias hacia la cuenta de su propio hijo, el cual figuraba en la empresa como administrador. Jurídicamente hablando, podemos afirmar que la directora, como presunta autora, podría ser acusada por un delito de usurpación de identidad y por un delito de estafa.
¿Qué hacer si nos encontramos con una situación parecida en nuestro Centro?