Lo que está ocurriendo en Madrid, en nuestro sector de residencias y centros de día, roza (y traspasa) lo absurdo. Por desgracia, también está pasando en el resto de comunidades…

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En abril de este año, se publicaba en diversos medios de comunicación un video en el cual aparecía un usuario de residencias siendo maltratado por el propio personal de la residencia. Se levantaba, entonces, un acalorado debate acerca de la posibilidad de la instalación de cámaras de videovigilancia dentro de las habitaciones de los usuarios. Era sin duda, una medida de protección para los usuarios en relación a su seguridad física y, también, en relación a uno de los principales problemas que tenemos las residencias, los pequeños hurtos que se dan en las habitaciones (joyas, relojes, dinero…)

¿Qué riesgos reales estamos corriendo en nuestros Centros?

Todo esto tiene mucho que ver con la transparencia en la gestión de las residencias y sobre la información que se transmite, tanto a usuarios, como a familiares de usuarios. La transparencia es algo que todos buscamos (o deberíamos hacerlo) puesto que dicha transparencia es sinónimo de “buen hacer”. Por supuesto, todos sabemos que el “buen hacer” nos lleva a llenar nuestros centros porque, sin duda, hacer las cosas bien redunda en la reputación y, en última instancia, a mejorar nuestras cuentas de explotación y beneficios a final de año.

Siempre tenemos que luchar con la suspicacia de las familias y, por supuesto, contra la suspicacia de los SERVICIOS DE INSPECCIÓN. En relación a la suspicacia de los servicios de inspección, cuando ahondan en diferentes indicios, cristaliza en modo de sanción a diferentes Centros. En el año 2018 se impusieron 41 sanciones (tengamos en cuenta que Madrid tiene 473 residencias para mayores) y en lo que llevamos de 2019, vamos ya por 48 sanciones, es decir, ya hemos superado el umbral del año pasado.

La dirección de los Centros suele reclamar medidas de transparencia para poder mostrar a los usuarios que se cumple con lo que la Administración marca como, por ejemplo, ratios, tiempos de ejecución de diferentes actividades, poner en valor la atención centrada en la persona y, por último, las actas de inspección.

Si, has leído bien, las ACTAS DE INSPECCIÓN.

Dichas actas se empezaron a publicar, con la autorización de la gerencia y dirección de los Centros, en diferentes portales de internet. Es cierto que es un ejercicio de transparencia absoluto, pero los propios servicios de inspección de la Comunidad de Madrid dejaron sin efecto esta decisión alegando que se vulneraba la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales.

Desde Duran & Duran Abogados, aplaudimos la iniciativa, pero no la ejecución de la misma.

En este sentido, desde Duran y Duran Abogados proponemos unas medidas interesantes de transparencia proactiva de cara a que los usuarios y sus familiares sepan qué deficiencias presentan los Centros, sin vulnerar la Ley de Protección de datos. Además, esta medida te ayudará a velar por la integridad física de tus usuarios.

Perfectamente, puedes publicar, bien en tu web, bien en el tablón de notificaciones (el “corcho de toda la vida”) un comunicado que indique que el Centro está sometido a las auditorías periódicas de la Administración, en relación a la atención prestada a los usuarios. Es decir, que estarías indicando que el Centro cumple con todos los requisitos necesarios para la prestación de servicio tal y como se acredita en los documentos oficiales, tales como las ACTAS DE INSPECCIÓN, (siempre y cuando omitas TODOS LOS DATOS PERSONALES). Eso sí, siempre y cuando tu residencia cumpla con los mínimos exigidos y el resultado de la inspección sea satisfactorio, y/o lo que se debiera corregir no fuese demasiado trascendente y se hubiera subsanado. Como puedes ver, creemos firmemente que esta medida puede constituir un inmejorable ejercicio de transparencia, ya que dar a conocer que se ha producido una inspección (y que se está en perfecto estado de revista) siempre redunda en la confianza de usuarios y familiares de usuarios.

Finalmente, en cuanto a las CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, debes indicar, en el caso que las tengas instaladas, su ubicación. Es importante señalar que el art. 89 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales indica que “Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida”. Además, se indica que “En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.” Además, se indica que “En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.”

Pero, como puedes comprobar, en este caso no estamos hablando de lugares de descanso del personal. Estamos hablando de lugares en los cuales se trabaja, como las habitaciones de los usuarios, en los cuales se realizan muchas tareas de atención directa y, por supuesto, los usuarios guardan sus pertenencias personales.

Hay una posibilidad para poder instalar una cámara en una habitación determinada, de usuarios determinados. Es necesaria que la instalación sea por parte de un particular y que la residencia de su consentimiento. Si le ESTAMOS DANDO LA VUELTA A LA SITUACIÓN. Debe ser el usuario el que quiera instalar una cámara pero, por supuesto, la residencia puede “encargarse de dicha instalación” para que no haya problemas con el resto de sistemas. Por ejemplo, una cámara IP ubicada, señalada y que el Centro dé su consentimiento, puede ser instalada “por parte del usuario”. Evidentemente, estamos hablando de habitaciones individuales, en el caso de habitaciones dobles (a excepción de matrimonios) es un poco más complejo. Eso sí, en el caso que se hayan producido hurtos en alguna habitación, seguro que los usuarios desearán instalar esas cámaras IP.

En este último caso, si el usuario es ”quien pide la instalación”, se necesitaría el consentimiento del personal (difícilmente, si no hay nada que esconder, pondrían pegas). Todos queremos que los hurtos y los malos tratos se erradiquen de nuestros Centros.

Tienes que posicionarte, con seguridad jurídica, por delante de los servicios de inspección, para tener soluciones a problemas casi endémicos que se dan en nuestra actividad.

No te olvides, somos compañeros de sector.

Hector Durán Cruz

Consultor Operacional de Empresas Sanitarias y Sociales
Durán & Durán Abogados

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Hector Durán

Consultor Operacional ESS (Empresas Sanitarias y Sociales)
Duran & Duran Abogados
www.duranyduranabogados.com

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