Algo está pasando con los servicios de inspección. Llegan mal, a destiempo y quedan en absoluta evidencia.

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El cierre de una residencia de ancianos en la Comunidad de Madrid pone de manifiesto el déficit de control de los servicios de inspección que se dedican a velar por el cumplimiento de la normativa en vigor, por parte de las residencias de atención a personas de la tercera edad.

Ha salido en bastantes medios de comunicación el cierre de la residencia Obispo Morcillo en Soto del Real, Madrid. Realmente, la información que se está dando es bastante difusa y contradictoria, ya que los servicios de Inspección de la Comunidad de Madrid deberían haber expedientado a este centro mucho antes que la Fiscalía haya incoado de oficio esta actuación.

Es extraño que nos encontremos con una noticia de este tipo, sin haber advertido antes de algún vicio en el servicio que se prestaba o que hubiese habido algún aviso previo por parte de los servicios de inspección. Los diferentes medios de comunicación hablan de deficiencias en la comida, en la medicación, en la limpieza, pero esos datos son muy vagos como para poder valorarlos. Es tan sencillo cerrar una residencia sin necesidad de la actuación de la Fiscalía, que realmente dicha actuación pone de relieve la inacción de los servicios de inspección de residencias de la Comunidad de Madrid.

Como ya sabes, derivado de una inspección (en este caso, de Asuntos Sociales) se podría haber propuesto un expediente de cierre, previa amonestación al Centro en cuestión por falta grave o muy grave. En este sentido, se pone de manifiesto lo siguiente:

  • Si ha actuado la Fiscalía, es porque se ha presentado una denuncia contra el Centro.
  • Si se ha presentado una denuncia contra el centro por parte de un usuario (o familiar de éste), es porque, en principio, el usuario ha agotado la vía de notificación a la gerencia del Centro.
  • La actuación de la Fiscalía implica, también, que la problemática se ha debido poner en conocimiento de los servicios de inspección y que, éstos, no han actuado diligentemente al respecto.
  • Frente a la inacción de la propiedad y de los servicios de Inspección de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, no ha habido más remedio que, para que se adopten medidas, interponer una denuncia.

Pues bien, podemos comprobar que los resortes básicos de alarma en cuanto al control del funcionamiento de este Centro, han fallado de una manera estrepitosa, hasta tal punto que la Consejería de Bienestar precintó una serie de zonas del Centro, como la consulta médica, el gimnasio y la sala de fisioterapia. Es preocupante que, frente a la necesidad extrema del precinto de una zona, de un negocio dedicado al cuidado de los más mayores, no se hayan tomado medidas mucho antes.

¿Acaso se nos escapa que, por supuesto, para llegar al precinto de zonas vitales, no ha habido una dejadez por parte de los gestores muchos meses atrás, incluso años atrás?. Esta dejadez en la gestión, continuada en el tiempo, corre paralela a la inacción de los servicios de inspección de la Comunidad de Madrid. Ha sido la propia Policía de Alcobendas la que, con orden de Fiscalía, ha procedido a la inspección de la Residencia Obispo Morcillo.

Desde Duran y Duran Abogados nos cuesta creer cómo su gestor y propietario, Juan Braulio Peñas Briones, no ha pedido ayuda a la Comunidad de Madrid, o a las Patronales de este sector. Lo más preocupante es que, ¿De verdad estaba tan mal la residencia?. Hay que pensar que tiene una ocupación de 60 residentes y capacidad para 76.

En cuanto a datos más finos, cobraban una tarifa desde 1.450€, lo que nos da una facturación (puramente privada) de 1.044.000€, con la ocupación a fecha del mes de julio. A plena ocupación, con la tarifa indicada, hubiese facturado al año un total de 1.322.400€. Es decir, que estaba facturando unos 280.000€ por debajo de lo que hubiese facturado a plena ocupación. Evidentemente, por los ratios de personal que se manejan en la Comunidad de Madrid, con la ocupación actual, debería haber tenido unos costes totales de empresa de unos 630.000€ anuales. Además, si el menú diario por persona le costase unos 7€ (en el peor de los casos, descontando ya la carga de personal), estaríamos en unos costes de 153.300€ en aprovisionamientos. Es decir, que al propietario, le quedaban como unos 260.000€ para hacer frente a los suministros, créditos, hipotecas, impuestos, etc. Como puedes comprobar, era bastante difícil cuadrar esos números y que realmente diese como para aguantar mucho tiempo con la actividad.

Desde duran y Duran te ayudamos a sanear tu cuenta de explotación para que, frente a una bajada de ocupación o frente a cualquier problema de cualquier tipo, estés preparado para aguantar el tipo y la gestión. De tu negocio dependen muchas familias y, por responsabilidad, debes estar rodeado de los mejores profesionales posibles.

No te olvides, somos compañeros de sector.

Hector Durán Cruz

Consultor Operacional de Empresas Sanitarias y Sociales en Durán & Durán Abogados

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Hector Durán

Consultor Operacional ESS (Empresas Sanitarias y Sociales)
Duran & Duran Abogados
www.duranyduranabogados.com

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